2019, un año para las grandes definiciones de una nueva distribución eléctrica.

La irrupción de la generación distribuida -que hoy alcanza más de 20 MW de capacidad instalada a nivel de net billing y más de 500 MW a nivel de PMGD-; ha creado la necesidad cada vez más urgente de reformar y modernizar nuestro marco regulatorio de distribución eléctrica. Esta urgencia se sustenta en la velocidad de la tecnología que genera nuevas oportunidades derivadas de las baterías de litio, la bidireccionalidad en los medidores, flujos de energía y, por último, la aparición de redes inteligentes. Adicionalmente, el cliente regulado está cada vez más empoderado y avanza en convertirse a prosumidor, demandando más calidad en el servicio.

En esta situación, las empresas concesionarias están llamadas a liderar con calidad y eficiencia la actividad de construcción, operación y mantenimiento de las redes eléctricas. Condición que cobra complejidad, por convertirse en redes bidireccionales que servirán no sólo al consumo de los clientes regulados, sino también a nuevos clientes tales como los comercializadores de energía, empresas integradoras de soluciones de operación y mantención, empresas prestadoras de nuevos productos y servicios de eficiencia energética, gestión de la demanda, instalación de paneles solares, entre otros.

Ello implica mayor especialización y enfoque de las empresas distribuidoras en su negocio central y constituido por monopolio: la administración de las redes, dejando la generación de nuevos negocios o soluciones a actores del sector privado. Las actividades llevadas a cabo por estos nuevos actores deberán ser reguladas de manera tal que constituyan mercados competitivos, transparentes e incompatibles con el servicio asignado monopólicamente a la empresa distribuidora. En otras palabras, se requiere una separación clara entre la propiedad de los activos físicos correspondientes a las redes y los servicios prestados usando dichos activos, como por ejemplo, la comercialización de la electricidad.

Esta separación, señalada en el párrafo anterior, se hace aún más necesaria por el hecho de que el país avanza hacia mayores exigencias para las distribuidoras en materia de calidad del servicio, lo cual implica mejores planes de contingencia frente a interrupciones en el suministro, mejores procedimientos de comunicación y atención al cliente, entre otros.

El valor agregado de distribución, determinado por el AVI+COMA/retiros de energía (USD/Kw/h) en función del concepto de “empresa modelo” deberá evolucionar hacia nuevos estándares técnicos y comerciales. En este sentido, es necesario avanzar hacia la construcción de un nuevo esquema tarifario simple de comprender por los clientes finales y que contemple mayores opciones tarifarias.

Otra regulación importante para garantizar la libre competencia de los actores que participan del mercado de la distribución será la propiedad y acceso a la información de retiros e inyecciones de los clientes regulados. Esta información es cada vez más valiosa y por ende presenta un nuevo desafío en términos de resguardar la seguridad de la información, su propiedad y reglas de acceso, aspecto clave en la sustentabilidad operacional de las redes inteligentes.

Finalmente resulta esencial que toda esta complejidad adicional al actual sistema de distribución, especialmente marcada por la inminente figura del comercializador de energía, sea correctamente operado y coordinado por un organismo técnico, independiente y poseedor de facultades suficientes. Este organismo podría naturalmente ser el Coordinador Eléctrico Nacional, o en su defecto un coordinador especialista en redes de distribución.

El 2019 es un año de desafíos para el sector eléctrico, derivados principalmente por la nueva ley de distribución, que, desde mi opinión, debe incluir una clara separación de funciones entre la concesión de distribución, definida esencialmente por la operación y mantenimiento de las redes y, por otro lado, el resto de los servicios competitivos dejados a merced del mercado.

Esperamos que este nuevo marco regulatorio lleve a Chile a convertirse en un país con mayor transferencia tecnológica, capaz de producir nuevos productos y servicios entorno al mercado de la energía eléctrica con alto valor agregado, exportables a la región y al mundo.

Ignacio Rodriguez L.

Área Energía y Recursos Naturales

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