MODERNIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE AGUAS

Recientemente la Dirección General de Aguas (en adelante “DGA”) del Ministerio de Obras Públicas, en su Boletín N°2 de 2018, ha publicado “Las 7 Prioridades de la DGA-MOP para la Seguridad Hídrica”, de las cuales quisiera determe en la séptima, que dice relación con “reducir significativamente los tiempos de tramitación.”

El Código de Aguas vigente data de 1981, el ámbito de aplicación de sus normas son las denominadas “aguas continentales”, superficiales y subterráneas, las cuales son per se un tema muy sensible, dado el fuerte componente político que impregna su regulación. Lo anterior, ha hecho muy difícil todo tipo de modificaciones al actual Código, lo que ha atrasado de manera significativa su actualización, en especial, a los avances tecnológicos.

Originalmente, dicho cuerpo normativo estaba pensado para el riego mediante aguas superficiales, con posterioridad, se fue incorporando una mayor regulación de las aguas subterráneas, se introdujeron las patentes por no uso – luego de una eterna tramitación-, y el caudal ecológico, entre otras modificaciones. En esa lógica, tenemos un Código muy atrasado en lo que a avances tecnológicos se refiere; es cosas de mirar el procedimiento administrativo general en materia de aguas para darse cuenta de ello (artículos 130 al 139 del Código de Aguas).

La actual administración lo tiene muy claro y pretende introducir la digitalización en los procedimientos administrativos seguidos ante la DGA, lo que podría traducirse en un enorme beneficio para los privados y desarrolladores de proyectos, los que muchas veces ven mermadas sus ganas de “emprender” debido a la dificultosa permisología que existe en nuestro país, y en especial, ante el órgano garante del Recurso Hídrico. Estas tramitaciones, en muchos casos pueden llegar a durar años, sin garantías de que se vaya a aprobar una determinada autorización trascendental para el desarrollo de un proyecto.

Esa falta de certeza jurídica para los privados podría palearse entre otras cosas, con: a) la automatización y digitalización de procesos; b) una correcta aplicación del silencio administrativo negativo; y c) reemplazar ciertas autorizaciones previas por otras técnicas de intervención administrativa ex post.

Imaginemos, poder solicitar la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas o una autorización de intervención de cauce o una modificación de bocatoma, vía internet, a través de un sistema electrónico. La reducción de costos y tiempo sería enorme. En esa dirección se debe ir.

Por otra parte, los administrados tendrían una mayor seguridad jurídica, si por último se aplicara correctamente la institución del silencio negativo en las tramitaciones ante la DGA, entendiendo que se tienen como rechazadas y no teniendo que esperar un montón de años. Lo anterior, otorgaría una mayor certeza y reduciría el riego regulatorio en materia de aguas.

Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica el “certificado” que declara que la solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal, no puede ser objeto de cauciones frente a los Bancos e Instituciones Financieras (en el caso del silencio administrativo positivo). Otro gran problema.

Finalmente, creo que debemos mirar la normativa de la Unión Europea, en especial la Directiva de Servicios (2006/123/CE), cuyos principios son crear un entorno regulatorio más favorable y transparente para el desarrollo de actividades a nivel comunitario, mediante la reducción de trabas y obstáculos para el acceso a actividades de servicios; simplificación de trámites y procedimientos; impulsión de un sistema unificado de tramitación electrónica; más el establecimiento de un refuerzo y protección de los derechos de consumidores y usuarios; y en la cual se opta por alternativas a los regímenes de autorización que no impliquen una intervención administrativa previa, entregando un rol protagónico a las comunicaciones previas y declaraciones responsables.

Por lo tanto, junto con la modernización de procesos, habría que estudiar la posibilidad de que ciertas “autorizaciones”, sean reemplazadas por alguna de las técnicas de intervención administrativa señaladas anteriormente, en aras de la libre iniciativa privada en el desarrollo de actividades económicas.

Pedro Pablo Campos, Advisor Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medioambiente, Alster Legal

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